Sistema judicial colombiano: el juego del gato y el ratón

Policía captura, pero los bandidos vuelven a la libertad como si nada.

Ante el inconformismo ciudadano frente a las diferentes situaciones que están afectando la tranquilidad en Barranquilla, La Plena consultó con abogados investigadores expertos sobre las causas de la impunidad en el país.

• ¿Por qué, aunque la Policía realice capturas, muchos delincuentes quedan en libertad?

El sistema jurídico en Colombia, por un lado, está fundamentado en ciertas garantías y requisitos que deben cumplirse durante la captura y las primeras etapas del proceso (legalización de esta y la solicitud de medida de aseguramiento). Lo anterior, protege los derechos de las personas capturadas, como el derecho a la defensa y al debido proceso. Entonces, el incumplimiento de alguno de estos requisitos tiene como consecuencia la obligación de dejar a la persona en libertad, aunque se tenga la certeza y el material probatorio suficiente para demostrar que una persona es responsable de lo que se le acusa.

Por otro lado, en el proceso penal se establecen plazos para ciertas actuaciones judiciales como lo son las diferentes audiencias. Si no se cumplen, deben dejar en libertad a la persona. Dada la cantidad de procesos judiciales activos, estas audiencias son fijadas con los plazos justos para evitar los vencimientos de términos, sin embargo, los abogados defensores se aprovechan de algunas garantías como el aplazamiento de la audiencia para lograr el vencimiento de estos términos y conseguir la libertad de sus clientes.

• ¿Qué factores facilitan que un caso quede en impunidad?

Factores como la sobrecarga de casos para la Policía Judicial, los fiscales y jueces; la mala tipificación del delito, el desistimiento por parte de la víctima de continuar con el proceso penal y el hecho de que el sistema judicial sea demasiado garantista con los presuntos responsables de conductas delictivas.

• ¿Qué hacer para evitar esto?

Algunas estrategias que se pueden implementar son: más sensibilización y capacitación al personal de recepción de denuncias, aumentar el personal investigativo y de judicialización, además de reformas en el sistema jurídico que respeten las mínimas garantías procesales de los presuntos delincuentes, pero que no permita el abuso, por ejemplo, de los aplazamientos de las audiencias cuando no sean razones de fuerza mayor o caso fortuito.